España necesita soluciones a su crisis económica, las diferencias crecen entre comunidades autónomas, sus clases medias se han empobrecido, el estado del bienestar esta en peligro, las barreras lingüísticas crecen entre españoles, sobretodo en educación y acceso a la administración pública.
El PSOE o el PP han demostrado en el pasado su poca visión de estado, sus pactos con los nacionalistas en contra el interés general, y sin olvidar casos de corrupción. Las elecciones catalanas próximas son una oportunidad de los ciudadanos para dar un cambio, hacia una España sin desigualdades entre sus ciudadanos y un estado de bienestar fuerte.
Ciudadanos, Partido de la ciudadanía tiene el materia humano e ideológico capaz de dar la vuelta a una decadencia de la democracia y social en España.
-Necesitamos una regeneración democrática, una limitación de mandatos, de sueldos de cargos públicos.
-Necesitamos una ley electoral con listas abiertas, para tener una democracia más real.
-Necesitamos eliminar las discriminaciones entre ciudadanos, en renta y derechos lingüísticos y de acceso a la administración.
-Necesitamos un plan económico real, eficaz y de inversiones para sostener un estado del bienestar.
Ciudadanos, Partido de la ciudadanía ofrece una alternativa a nivel nacional, capaz ofrecer las soluciones que necesita España.
Regeneración democrática y listas abiertas
La necesidad de limitar los mandatos en la futura ley electoral en España, como una de las medidas para erradicar la acumulación de poder y la corrupción política que afecta a la mayoría de los partidos del ámbito balear y español
Escuela pública laica y de calidad
Defenderemos una escuela pública laica basada en un modelo educativo que premie el esfuerzo y el mérito del alumno, que genere un espacio integrador y que permita una educación de calidad proporcionando igualdad de oportunidades para todos. Para ello dotaremos a la escuela pública de los medios materiales y proporcionaremos a los
docentes las herramientas, los recursos y el apoyo necesarios para cumplir su decisiva
Función social.
Control por la Administración General del Estado de las competencias
Educativas de las CCAA
Propugnaremos el diseño por parte del Ministerio de Educación de los contenidos de las asignaturas, programas y currículos del sistema educativo de manera exclusiva y
Permanente. Estos serán iguales para todos los alumnos del sistema educativo español, incorporando cada Comunidad Autónoma, bajo supervisión de la Administración General del Estado, aquellos contenidos específicos propios de su singularidad. Para ello se constituirá un consorcio nacional de la educación como mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Educación y los departamentos de educación de las diferentes CCAA.
Equipararemos las condiciones materiales en que se imparta la docencia en cualquier
lugar de España: equipamientos, dotación económica, ratio de alumnos por clase, etc. Las CCAA mantendrán la gestión, pero en ningún caso podrán introducir cambios que
modifiquen la igualdad de las condiciones generales del sistema educativo.
Mientras tanto, nos comprometemos a trabajar por la armonización de los contenidos
educativos en toda España, implicando a los órganos correspondientes para garantizar que un alumno reciba la misma formación básica independientemente del lugar de residencia.
Favoreceremos la movilidad de los estudiantes y corregiremos las desigualdades entre
territorios y promoveremos el ejercicio efectivo de la Alta Inspección Educativa en su tarea de supervisión del sistema educativo en todo el país.
La Administración General del Estado velará por el bilingüismo efectivo en la educación en todas las etapas educativas en aquellas CCAA con más de una lengua oficial. Y la libre elección de lengua en todas las etapas educativas.
Crisis económica
-Infraestructuras
Ciudadanos C'S de Baleares pide un plan de inversiones en infraestructuras para el año 2010. La temporada turística no ha sido suficiente como para evitar la recesión en Baleares.
La recesión económica en Baleares es una realidad, la salida pasa por crear riqueza, y no para tapar la mala gestión del pacto entre socialistas-nacionalista. En Baleares tenemos un déficit histórico en infraestructuras, sobretodo en transporte. Invertir y crear nuevas líneas de metro, de tren y mas amarres en puertos, es invertir en competitividad empresarial y empleo.
Las listas del paro son de alarma social, los subsidios y el desempleo no son infinitos, mucha gente no podrá llegar a los 6 meses en la hosteleria, y no tener derecho al subsidio de desempleo. Toda esta crisis de empleo puede generar a partir de este año una alarma social. Las inversiones en infraestructuras para el crear empleo y nuevas empresas, se hace mas urgente que nunca.
-Eliminar las partidas presupuestarias para la normalización lingüística.
-Eliminar la propaganda institucional de las administraciones.
-Eliminar la duplicidad de competencias entre estado, CCAA, Consells Insulars y Ayuntamientos.
-Reducir el numero de asesores y cargos políticos en cantidad, y la congelación de salarios de los ya existentes.
-Reformar el SOIB (servicio de ocupación de las islas baleares) que sea un verdadero instrumento de lucha contra el desempleo, y un instrumento de ayuda a PYMES y empresas.
-Dar incentivos al sector primario e industrial, para reducir la cadena de distribución hasta el consumidor final. Y ser mas competitivos y los consumidores tengan un precio mas económico.
Más medios para la Justicia (modernización)
Impulsaremos la aplicación de los acuerdos adoptados en la legislatura 2000-2004 por
todos los grupos políticos, CCAA, organizaciones profesionales y sindicatos que en el
marco del pacto de Estado por la Justicia consensuaron entre otras cuestiones la
modernización de la Administración de Justicia mediante una nueva organización basada en la creación de Unidades de Apoyo Directo y Servicios Comunes. Dicha nueva organización, que ha llegado a tener plasmación en la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuyo elemento principal es el Servicio Común de Ordenación, significaba un impulso modernizador definitivo para la actual Administración de Justicia. Sin embargo, por diferentes intereses partidistas y posturas inmovilistas, incomprensiblemente no ha sido desarrollada por ninguno de los dos últimos gobiernos.
Nos comprometemos a hacer realidad la nueva oficina judicial mediante la creación de los Servicios Comunes de Ordenación y demás previstos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y sus diferentes desarrollos reglamentarios de manera que por fin se haga realidad la Administración de Justicia moderna y eficaz que un día se pensó y para la que ya se cuenta con la cobertura legal necesaria.
Aumentaremos la retribución de los jueces, equiparándolos a los demás países de la UE (en relación con la renta per cápita), con el objetivo de remunerarlos con arreglo a la trascendencia de su función en una sociedad democrática, incentivar el acceso a la carrera judicial de los mejores estudiantes de Derecho y desincentivar la corrupción.
Una justicia única
Impediremos cualquier tipo de descentralización funcional del sistema judicial, tal y como se está planteando en la actualidad. Algunas CCAA la pretenden y es necesario ser firme en mantener su unidad, no solo de jurisdicción en todo el Estado, sino en el objetivo de devolver la transferencia ya efectiva de medios personales y materiales, manteniendo la existencia de cuerpos nacionales y garantizando el derecho a la movilidad por todo el Estado.
Secretario de Ciutadans de Balears
Luis Nadal Porcel
lunes, 22 de febrero de 2010
martes, 16 de febrero de 2010
C's invitado en el VI Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo
Resalto las palabras de Maite Pagazaurtundúa, Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó algo que debería ser muy sencillo en una democracia desarrollada: Igualdad y Justicia.
Los días 11, 12 y 13 de febrero el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca el VI Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y yo tuve la suerte de ser invitado.
En principio la finalidad del congreso es dar voz a las víctimas del terrorismo y contribuir a que tengan el reconocimiento social que merecen.
Como casi siempre en este tipo de actos hay quienes se significan con su ausencia y quienes lo hacen con su presencia. Y entre estos últimos quienes pugnan o hacen cola para salir en la correspondiente foto, o miden los lugares y tiempo de asistencia en base al provecho mediático que obtendrán dependiendo de una agenda analizada hasta el último detalle.
Y es que por más loables que sean los objetivos de la fundación organizadora, luego cada cual acude a estos eventos con los suyos propios, e incluso quienes no acuden lo hacen también en base a una estudiada coreografía.
Viendo este panorama uno se pregunta si no es posible estar al lado de las víctimas del terrorismo sin más, sin pretensiones políticas ni estudiadas poses, sin un balance político que tiene que dar positivo. Sí, ya sé, soy mayorcito para tanta ingenuidad. Es evidente que nuestra casta política vive de la pose constante como si de maniquís de la moda parisina se tratase, importan más las formas que los fondos y por desgracia ya nos hemos acostumbrado a la pasarela de frívolas escenografías.
Así que con este panorama, me quedo con las palabras de Maite Pagazaurtundúa Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó algo que debería ser muy sencillo en una democracia desarrollada, Igualdad y Justicia.
Igualdad para las víctimas con respecto a otras víctimas. A veces da la impresión de que las víctimas del terrorismo molestan. Los poderes públicos y mediáticos utilizan en ocasiones palabras como, proceso de paz, derechos históricos, presos políticos, insurgencia, violentos, conflicto … ese vocabulario que es el que usan los terroristas. Pero es que el terror está más allá de la violencia, es atroz, inhumano, inmoral y ataca la libertad y la base del sistema. No puede por lo tanto utilizarse un vocabulario voluntariamente confuso para intentar diluir la realidad según convenga y las víctimas tienen todo el derecho a denunciar esto y reclamar igualdad respecto a las víctimas de otros delitos. Tienen derecho a no ser moneda de cambio y a que nadie juegue a hacer política con ellos.
Justicia para las víctimas. Los asesinos no tienen inconveniente en reclamar sus derechos y ejercitarlos y la sociedad debe esforzarse además en que esos derechos sean garantizados, pero sin olvidar los derechos de las víctimas. Los derechos de los agresores no pueden pasar por encima de los de los agredidos, como sociedad no podemos permitirnos que las víctimas lo sean dos veces, primero cuando sufren las devastadoras consecuencias de las acciones de unos monstruos cobardes y luego cuando los derechos del terror acaban por imponerse a los suyos.
Hay cosas que podemos elegir y otras que no, terminaré esta breve crónica con un deseo, el de que como ciudadanos alcancemos la claridad mental de elegir a nuestros políticos por lo que realmente hacen no por lo que parece que hacen.
Los días 11, 12 y 13 de febrero el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca el VI Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y yo tuve la suerte de ser invitado.
En principio la finalidad del congreso es dar voz a las víctimas del terrorismo y contribuir a que tengan el reconocimiento social que merecen.
Como casi siempre en este tipo de actos hay quienes se significan con su ausencia y quienes lo hacen con su presencia. Y entre estos últimos quienes pugnan o hacen cola para salir en la correspondiente foto, o miden los lugares y tiempo de asistencia en base al provecho mediático que obtendrán dependiendo de una agenda analizada hasta el último detalle.
Y es que por más loables que sean los objetivos de la fundación organizadora, luego cada cual acude a estos eventos con los suyos propios, e incluso quienes no acuden lo hacen también en base a una estudiada coreografía.
Viendo este panorama uno se pregunta si no es posible estar al lado de las víctimas del terrorismo sin más, sin pretensiones políticas ni estudiadas poses, sin un balance político que tiene que dar positivo. Sí, ya sé, soy mayorcito para tanta ingenuidad. Es evidente que nuestra casta política vive de la pose constante como si de maniquís de la moda parisina se tratase, importan más las formas que los fondos y por desgracia ya nos hemos acostumbrado a la pasarela de frívolas escenografías.
Así que con este panorama, me quedo con las palabras de Maite Pagazaurtundúa Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que reclamó algo que debería ser muy sencillo en una democracia desarrollada, Igualdad y Justicia.
Igualdad para las víctimas con respecto a otras víctimas. A veces da la impresión de que las víctimas del terrorismo molestan. Los poderes públicos y mediáticos utilizan en ocasiones palabras como, proceso de paz, derechos históricos, presos políticos, insurgencia, violentos, conflicto … ese vocabulario que es el que usan los terroristas. Pero es que el terror está más allá de la violencia, es atroz, inhumano, inmoral y ataca la libertad y la base del sistema. No puede por lo tanto utilizarse un vocabulario voluntariamente confuso para intentar diluir la realidad según convenga y las víctimas tienen todo el derecho a denunciar esto y reclamar igualdad respecto a las víctimas de otros delitos. Tienen derecho a no ser moneda de cambio y a que nadie juegue a hacer política con ellos.
Justicia para las víctimas. Los asesinos no tienen inconveniente en reclamar sus derechos y ejercitarlos y la sociedad debe esforzarse además en que esos derechos sean garantizados, pero sin olvidar los derechos de las víctimas. Los derechos de los agresores no pueden pasar por encima de los de los agredidos, como sociedad no podemos permitirnos que las víctimas lo sean dos veces, primero cuando sufren las devastadoras consecuencias de las acciones de unos monstruos cobardes y luego cuando los derechos del terror acaban por imponerse a los suyos.
Hay cosas que podemos elegir y otras que no, terminaré esta breve crónica con un deseo, el de que como ciudadanos alcancemos la claridad mental de elegir a nuestros políticos por lo que realmente hacen no por lo que parece que hacen.
jueves, 11 de febrero de 2010
C's y la reforma de las pensiones
Propuestas de C's en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Para C’s deben afrontarse cambios en el sistema de pensiones público, aunque no en la línea del retraso obligatorio de la edad de jubilación propuesta por el Gobierno socialista. C’s no comparte el alarmismo generado por el gobierno entorno al argumento de que el actual gasto en pensiones es insostenible y requiere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2025, porque el argumento ignora entre otros factores el propio crecimiento del Producto Interior Bruto en el mismo periodo.
Para C’s la jubilación debe entenderse como un derecho y no como una obligación y debería establecerse un sistema flexible de jubilación que permitiera que las personas que deseen jubilarse más tarde puedan hacerlo.
Ante una población cada vez más longeva consideramos necesario primar el retraso voluntario de la edad de jubilación como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Incentivando el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados.
Igualmente consideramos necesario limitar e incluso impedir, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos. La fórmula, aunque suaviza el carácter traumático de los expedientes de regulación de empleo, acarrea nefastas consecuencias para el sistema público de pensiones, que necesita -para mantener su viabilidad- el fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral aumentando el tiempo de cotización. Este mecanismo tiene además un elevado coste humano derivado de las consecuencias en la vida personal del empleado jubilado anticipadamente.
Propuestas de C’s en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Propuestas programa elecciones generales.
4.11 Pensiones mínimas
-Proponemos equiparar las pensiones más bajas, incluidas las de viudedad, al salario mínimo interprofesional y las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez al 75% del salario mínimo interprofesional.
4.12 Jubilación
-Incentivaremos el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
-Limitaremos, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos.
4.13 Fondo de reserva para pensiones
-Proponemos aportaciones sostenidas al Fondo de Reserva del Sistema Público de Pensiones en una cuantía nunca inferior al 0,1% del PIB.
Para C’s deben afrontarse cambios en el sistema de pensiones público, aunque no en la línea del retraso obligatorio de la edad de jubilación propuesta por el Gobierno socialista. C’s no comparte el alarmismo generado por el gobierno entorno al argumento de que el actual gasto en pensiones es insostenible y requiere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2025, porque el argumento ignora entre otros factores el propio crecimiento del Producto Interior Bruto en el mismo periodo.
Para C’s la jubilación debe entenderse como un derecho y no como una obligación y debería establecerse un sistema flexible de jubilación que permitiera que las personas que deseen jubilarse más tarde puedan hacerlo.
Ante una población cada vez más longeva consideramos necesario primar el retraso voluntario de la edad de jubilación como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Incentivando el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados.
Igualmente consideramos necesario limitar e incluso impedir, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos. La fórmula, aunque suaviza el carácter traumático de los expedientes de regulación de empleo, acarrea nefastas consecuencias para el sistema público de pensiones, que necesita -para mantener su viabilidad- el fomento de la prolongación voluntaria de la vida laboral aumentando el tiempo de cotización. Este mecanismo tiene además un elevado coste humano derivado de las consecuencias en la vida personal del empleado jubilado anticipadamente.
Propuestas de C’s en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones.
Propuestas programa elecciones generales.
4.11 Pensiones mínimas
-Proponemos equiparar las pensiones más bajas, incluidas las de viudedad, al salario mínimo interprofesional y las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez al 75% del salario mínimo interprofesional.
4.12 Jubilación
-Incentivaremos el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones para los jubilados como una de las medidas que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
-Limitaremos, con el fin de evitar su uso abusivo, la aplicación de planes de prejubilación como fórmula alternativa a los despidos.
4.13 Fondo de reserva para pensiones
-Proponemos aportaciones sostenidas al Fondo de Reserva del Sistema Público de Pensiones en una cuantía nunca inferior al 0,1% del PIB.
lunes, 1 de febrero de 2010
C’s contra la Ley del cine de Cataluña
C's presentó el 28 de enero una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Cine de Cataluña promovido por el PSC, que impone cuotas del 50% de doblaje en catalán para aquellas películas que distribuyan más de 15 copias, previendo sanciones para quienes la incumplan de hasta 75.000 €.
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).
Ante este nueva coacción a la libertad La Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas) ha convocado una huelga para el próximo 1 de febrero coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán, presidida por Joel Joan.
¿Por qué se opone C’s a la imposición de cuotas de doblaje en catalán?
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.
La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.
El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.
La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.
La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.
El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.
Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.
Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).
Ante este nueva coacción a la libertad La Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña (que agrupa al 81% del sector, con un total de 525 pantallas) ha convocado una huelga para el próximo 1 de febrero coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí de cinematografía, la gran fiesta de la industria audiovisual catalana, que concede la Academia del Cine Catalán, presidida por Joel Joan.
¿Por qué se opone C’s a la imposición de cuotas de doblaje en catalán?
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.
La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.
El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.
La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.
La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.
El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.
Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.
Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.
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